La corrupción es un mal endémico en todo tipo de sistema político, tanto en democracia como en dictaduras o en democracias liberales. Las democracias liberales son las que más resiliencia han demostrado frente a la corrupción gracias a la separación de poderes.
En los últimos años, y según los datos que aparecen en la web Statista, la corrupción se ha vuelto a convertir en uno de los 10 problemas más graves para la sociedad española. Entre 2017 y 2024, más de 2.100 personas se vieron implicadas (ya sea procesadas o investigadas) en algún caso de corrupción, de las que aproximadamente el 65% han sido condenadas en firme.
El efecto de corrupción política y económica es doble, por un lado, los ciudadanos pierden confianza en el sistema y por otro se reducen las inversiones extranjeras por miedo a la inseguridad jurídica. De hecho, la inversión extranjera en España está desplomándose, según los datos del Ministerio de Economía, que apuntan a que la inversión bruta extranjera en España en los primeros meses del 2025 indica una bajada del 45,3% respecto a los del mismo trimestre de 2024.
Si el año pasado el flujo de inversión fue de 7.439 millones de euros, este ejercicio se ha llegado solo a 4.067 millones, cantidad que se reduce a los niveles de los años de la pandemia.
Y no solo, España también se ha caído del top 10 de las economías con mayor inversión extranjera y teniendo en cuenta que somos la cuarta economía de la UE este retroceso dice mucho del impacto que la regulación y la corrupción está teniendo en nuestro país. El Informe del IEE (Instituto de Estudios Económicos) de mediados de junio del 2025 alertaba de que la inestabilidad política que vive España con un gobierno de coalición soportado por otra coalición de partidos con intereses muy diversos y opuestos unidos a los casos de corrupción actuales se perciben como “transitorios” y estarían aplazando algunas decisiones de inversión.
Respecto de la tolerancia social hacia la corrupción también depende mucho de las personas o el partido político al que pertenezcan. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional muestra que España mantiene una puntuación moderada, pero ha experimentado descensos en los últimos años, lo que indica que la lucha contra la corrupción sigue siendo un trabajo en curso.
El mayor caso de corrupción política en España hasta el momento es conocido como el caso ‘ERES de Andalucía’, que consistió en el desvío de al menos 679 millones de euros de dinero público de la Junta de Andalucía para beneficiar durante años a empresas, trabajadores y organizaciones sindicales afines al PSOE.
La sentencia que llevaba a entrar en prisión a dos expresidente de Andalucía fue anulada por el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido, acto que se ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE por parte de la Audiencia de Sevilla que ha planteado que el Constitucional podría haber vulnerado el derecho europeo en sus sentencias sobre el caso ERE, ya que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de casación y, por lo tanto, no podría variar las sentencias de los tribunales de justicia.
