La Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, la mayor asociación del sector, que cuenta con un importante número de autónomos con unas 4.000 grúas (de las aproximadamente 13.000 que operan en España) y cerca de 400 empresas, advirtió sobre un «otoño caliente» si las aseguradoras no revisan sus tarifas y prácticas contractuales.
Según fuentes del sector consultadas por este medio, los gruistas están preparando paros selectivos dirigidos a aquellas compañías que «no suben tarifas y aprietan de más”, mientras crece la presión económica que amenaza la viabilidad de cientos de negocios.
Los gruistas denuncian pérdidas, mientras las aseguradoras baten récords de beneficios
La patronal sostuvo que las aseguradoras españolas obtuvieron en el primer trimestre de 2025 unos beneficios de 1.620 millones de euros, un 22% más que el año anterior. Estos cálculos estarían basados en datos de Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras (ICEA), una asociación que agrupa a gran parte de las aseguradoras españolas, y que centra en la investigación y estudios estadísticos del sector.
En el ramo de seguros de automóviles, los beneficios se dispararon un 123%, alcanzando los 192 millones de euros, mientras que las primas medias subieron un 9% interanual, hasta los 470 euros.
Sin embargo, esta bonanza no se refleja en el sector del auxilio en carretera, que sufre pérdidas del 2% respecto a 2024, con tarifas estancadas que no cubren los crecientes costes operativos.
El portavoz de la alianza, Xavier Martí, denunció que se sienten “desamparados” pues, entre sus asociados, hay “cientos de empresas en graves dificultades para mantener la viabilidad de sus negocios”. Y auguró que si esto sigue así, «se prepara un ‘otoño caliente’ en el sector».
Los gruistas, muchos de ellos autónomos, tienen que asumir tarifas que, según esta organización, están hasta un 25% por debajo de lo necesario para evitar pérdidas, un problema que se arrastra desde hace más de una década.
A esto se suma la falta de indexación de los costes de combustible, pese a la obligatoriedad establecida por el Real Decreto-Ley 3/2022, y los contratos con cláusulas que imponen “condiciones operativas inviables”.
Los vehículos eléctricos suponen un desafío adicional para el auxilio en carretera
Un problema creciente que agrava la crisis del sector es la asistencia a vehículos eléctricos (VE), cuya gestión supone un desafío logístico y económico no reconocido por las aseguradoras.
Según fuentes del sector, asistir a un VE requiere más tiempo de intervención, herramientas específicas y materiales cuya amortización no está contemplada en las tarifas actuales. Además, almacenarlos en campas genera costes adicionales
Las campas son los grandes solares industriales en los que se estacionan los vehículos por necesidades logísticas.
Pero todo resulta más complejo cuando hay que almacenar un vehículo eléctrico accidentado o averiado por el riesgo de incendio de su batería. Los gruistas explicaron que, para cumplir con las normas de prevención y seguridad, estos coches deben estacionarse con un radio de 15 metros libre de otros vehículos.
Dado que cada plaza de estacionamiento estándar mide 5 metros de largo por 2,5 metros de ancho, un VE ocuparía el equivalente a 77 plazas en una campa, un espacio imposible de garantizar en la mayoría de las instalaciones.
En estos casos, los gruistas tratan de dejar un perímetro de 3 metros respecto al vehículo más cercano, una práctica que reduce el impacto pero no cumple estrictamente las normativas. Esto expone a las empresas a riesgos legales y problemas con los seguros, que a menudo rechazan cubrir incidentes relacionados con el incumplimiento de estas medidas.
«Es una situación insostenible. Las aseguradoras no pagan más por la asistencia a un VE, pero los costes y riesgos son mucho mayores. Si ocurre un incidente, el seguro pone pegas y el gruista asume toda la responsabilidad», razonaron desde el sector. La falta de tarifas específicas para los VE, que representan un creciente porcentaje de los vehículos en circulación, es una de las principales peticiones de los gruistas.
Paros selectivos para presionar a las aseguradoras
Fuentes del sector revelaron que los gruistas planean paros selectivos dirigidos específicamente a aseguradoras, plataformas de asistencia y clubes automovilísticos que no actualicen sus tarifas o mantengan prácticas abusivas.
Estos paros podrían centrarse en servicios nocturnos, fines de semana o festivos, turnos que resultan especialmente deficitarios debido a las bajas tarifas. «No se trata de dejar a los conductores sin asistencia, sino de presionar a quienes nos estrangulan económicamente», explicaron.
El conflicto no es nuevo. Desde hace más de dos décadas las empresas de auxilio en carretera consideran que unas pocas compañías de seguro dominan el mercado imponiéndoles tarifas que no reflejan los aumentos del coste del combustible, los salarios, las cotizaciones sociales y el propio mantenimiento de los vehículos.
Los autónomos del sector piden que se revisen las tarifas para poder seguir con sus negocios
El sector del auxilio en carretera está compuesto en gran parte por autónomos y pequeñas empresas familiares, muchas de las cuales operan con márgenes mínimos. La falta de conductores, las largas jornadas (hasta 12 horas diarias) y la obligación de prestar servicio 24/365 agravan la situación. Según una encuesta de la Alianza, el 31,6% de las empresas no puede mantener los estándares de calidad debido a la subida de costes y la escasez de personal.
Una crisis que sufren los gruistas en primera persona pero que se contagia rápidamente a todos los conductores y a la seguridad vial. En los últimos años, durante los períodos de alta demanda, ya se han dado largas esperas y retrasos en la asistencia. Aunque no hay datos oficiales, fuentes del sector estimaron que, en el verano de 2024, miles de servicios no pudieron prestarse con la rapidez requerida.
La Alianza reclama una revisión de las tarifas, que deberían incrementarse un 12% de media para cubrir costes y garantizar la viabilidad del sector. La casuística difiere mucho según el tipo de vehículo, avería o accidente y esta revisión tendría que adaptarse a cada caso en una horquilla que se mueve entre el 5% y el 25%.
También exige la aplicación del Real Decreto-Ley 3/2022 para indexar los costes de combustible, así como una tarifa específica para la asistencia a vehículos eléctricos, que refleje los mayores riesgos, tiempos y costes asociados.
Además, solicita mejoras en la comunicación con los centros de atención telefónica de las aseguradoras, cuya ineficiencia genera demoras y pérdidas de productividad.
