El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que obligará a los medios a hacer pública su propiedad y controlará la publicidad institucional. Además, se crea el registro de medios de comunicación, en el que los medios deberán aportar una serie de datos, como información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional, con el objetivo de avanzar en la transparencia de sus vías de financiación.
Esta nueva norma designará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales, otorgándole competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales. Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos sería la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
La normativa establece así mismo un régimen sancionador con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de servicios digitales, con multas que van desde los 30.000 euros para infracciones leves hasta alcanzar el 6% del volumen de negocios anual mundial del infractor para infracciones muy graves.
Esta medida forma parte del «Plan de Acción por la Democracia» presentado por Pedro Sánchez en 2024, cuyo paquete de medidas incluye la regulación de la publicidad institucional, limitando la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.
El gobierno da luz verde a una ley para controlar los medios y la publicidad
Además de abogar por una mayor transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, la ley también pone la vista en las plataformas digitales y los algoritmos.
De acuerdo a las declaraciones del ministro de Transformación Digital, Óscar López, con este paso se facilita que la CNMC vele porque los proveedores de servicios digitales cumplan con la ley de servicios digitales. «Estamos hablando de propiciar que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online».
Así mismo añadió que «con esta iniciativa, avanzamos en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de nuestra democracia. Hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios. Porque lo que es ilegal offline, debe ser ilegal online».
